La consejera de Educación de
Madrid, Lucía Figar, cerrará doce centros escolares el próximo curso en
diferentes localidades madrileñas para "adecuar la capacidad de los
centros a las necesidades de escolarización y demanda de los mismos". En
total se reorganizarán seis colegios, tres institutos y tres escuelas
infantiles que tenían menos matriculados de los que el centro permitía.
Los afectados se posicionan
totalmente en contra del cierre: FE-CCOO afirma que “es una medida
antieconómica, que malgasta la inversión que se ha hecho en estas
infraestructuras y con la que se pierden plazas públicas” además de “vulnerar
la libertad de los padres a elegir el centro al que quieren que vayan sus
hijos” FETE-UGT dice que al trasladar a los alumnos no se les ofrece ninguna ayuda
y que a veces son desplazados hasta dos kilómetros. Los padres y los AMPAs protestarán quedándose varias noches en el centro.
Figar ha justificado esta decisión por la “baja matriculación de los
alumnos y por la cercanía de los centros a los que serán fusionados”. Además,
afirma que las infraestructuras serán aprovechadas para uso educativo. Un
portavoz de su departamento añadió que es necesario "adecuar la
capacidad de los centros a las necesidades de escolarización".
La masificación de las aulas no
le parece un problema a la Consejería de Educación, ni tampoco destinar fondos
y espacios públicos a organizaciones religiosas con gestión privada para construir
nuevos centros escolares privados, 79 centros nuevos en los últimos años de
este tipo en Madrid, ignorando por completo la educación que deberían recibir
la población mayoritaria que no va a centros privados; ignorando que España
está a la cola en formación. Estos cierres son, tan solo, nuevos recortes
disfrazados de “reorganización” que poco ayudan al país.
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