Ante la avalancha de políticos imputados, los
dirigentes y mandamases de cada partido se han pronunciado sobre la exigencia
del pueblo de la dimisión de los políticos presuntamente corruptos. Sucede que
la lista de los políticos a esperas de juicio que se mantienen presentes en la
política aumenta cada día.
Los protagonistas de la polémica son, esta vez,
el primer secretario del PSC, Pere Navarro, que ha declarado que no le parece
correcto que los imputados dimitan antes de que sean “acusados o procesados”
por la justicia, y que hasta entonces deben mantenerse en el cargo,
argumentando con que “existen otros casos de personas imputadas que no han
renunciado a sus cargos políticos”. Y Artur Mas, en la misma línea, publicó un
acuerdo para que los dirigentes en tal situación puedan seguir ejerciendo hasta
que se abra el juicio.
A pesar de contar con el apoyo de Navarro, los
imputados del PSC, Daniel Fernández y Manuel Bustos, dimitieron de su cargo
hasta que se esclarezca su relación con la trama corrupta, aunque Bustos se
mantiene como concejal y defiende públicamente su inocencia. El tópico de “aquí
no dimite nadie” sigue presente con pocas excepciones: Fátima Núñez, Juan
Sánchez y Benigno López, entre otros casos puntuales.
La defensa de Navarro es que “existen otros
casos de personas imputadas que no han renunciado a sus cargos político”, y
afirmándolo así, sin pudor y públicamente, confirma el estado lamentable de la
clase política. Los políticos buscan llegar a un extremo para dimitir y rinden
cuentas al partido y no al pueblo, como debería ser. Sí, existen otros casos de
personas imputadas, y todos son vergonzosos: los imputados protegidos por
Navarro deberían tener una responsabilidad moral que viene asociada a su cargo,
la culpa no depende de una condena judicial.
